Las mujeres despedidas en la Municipalidad de Villa Mercedes denunciaron “violencia de género” ante la Nación

Las mujeres son parte del grupo de 60 trabajadores que quedaron sin trabajo cuando asumió el nuevo intendente, y mantienen una carpa en la puerta del edificio comunal.

Quienes encabezan la protesta son 11 mujeres. El 19 de febrero cuatro de ellas decidieron encadenarse para que alguna autoridad las reciba y atienda la necesidad que tienen de volver a trabajar. Después desistieron, aunque la carpa se mantiene. Como no hay respuestas decidieron acudir al Gobierno nacional.

Concretamente enviaron una nota al ministra de la Mujer, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta para que “interceda” y haga de mediadora.

En declaraciones a El Chorrillero, una de las trabajadores, Gisela Palacios, sostuvo que el pedido se basa en la “violencia de género, hostigamiento y persecución policial y política” que viven.

“No nos quieren escuchar, compañeras han presentado notas a la intendencia y nada, no hay forma. Cuando ejercés el poder hacia otras personas ejercés violencia, es por eso que decidimos ir hasta la Nación”, destacó.

El principal objetivo de las trabajadoras es recuperar sus puestos de empleo: “Están jugando a que nosotros nos cansemos, pero estamos peleando por nuestros derechos porque el trabajo dignifica y ellos nos quitaron la dignidad”.

Indicó que, si bien todavía no mantuvieron contacto con funcionarios de la Casa Rosada, la gestión la hicieron a través de diputados nacionales.

En esta línea comentó que más allá de "no tener muchas esperanzas" de que se resuelva el conflicto “por la falta de acción municipal”, esperan que con este paso “se sepa lo que ocurre en San Luis”.

“La idea también es mostrar a nivel nacional que la provincia no es como la pintan: que ‘hay pleno empleo’, que es la ‘mejor provincia’ porque eso es mentira, no estamos bien”, agregó.

Hace unas semanas elevaron el tono de la protesta cuando cuatro de las despedidas se encadenaron en la puerta de entrada durante cuatro días.

Lo cierto es que los empleados fueron contratados durante la gestión de Mario Merlo y tras el cambio de autoridades se quedaron sin nada.

Según la administración de Frontera, todos fueron contratados de manera “ilegal”.

El último contacto que tuvieron ambas partes fue el 7 de febrero cuando los empleados fueron recibidos por el secretario de Gobierno, Diego Ochoa: “Nos dijo que levantemos la carpa para empezar a dialogar pero le respondimos que antes queríamos una respuesta. Finalmente no cedieron”.

Otro punto que destacó Palacios es que en su momento el gobernador Alberto Rodríguez Saá mantuvo una charla con ellas y les prometió “una ayuda”.

“Nos han amenazado con que nos van a venir a sacar, gente mandada desde el Plan de Inclusión, es una locura, una muestra de poder”, acusó.

La mujer, que comenzó a trabajar en la comuna en octubre de 2018 a través en la mesa de entrada del área de Discapacidad explicó que este tiempo “fue todo cuesta arriba”.

“Tengo un hijo que mantener, una mamá que no está bien de salud y un marido sin trabajo, no es muy lindo. El lunes empiezan las clases pero creo que estamos seguras que pelearemos por nuestros derechos, es la única forma”, afirmó.